Alrededor de dos centenares de personas se concentran desde primera hora de la mañana de este jueves en las puertas del número 470 de la calle Gran de Sant Andreu, en el distrito del mismo nombre en Barcelona, para evitar el intento de desahucio de Matías González, de 53 años, y su hijo. El de hoy es el cuarto intento de desahucio de este vecino, que además de afectado por la crisis hipotecaria es uno de los activistas más significados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona.Anoche la PAH negoció hasta última hora con el banco y consiguieron que la entidad financiera condonara la deuda a Matías, sin embargo, la vivienda ya ha sido subastada y es propiedad del banco.
Desde hace dos años, Matías González no se ha perdido ni una sola acción de protesta: ha participado en decenas de concentraciones para evitar ejecuciones hipotecarias, de una punta a otra de Barcelona, y es el integrante de la PAH que más firmas ha recogido para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago eche a andar. Después de tres intentos en los que la presión de los vecinos concentrados en la calle ha logrado paralizar el desahucio, este jueves Bankia ha solicitado presencia policial. De ahí que haya más gente concentrada, entre ellos la diputada de ICV Dolors Camats y el concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de Barcelona Ricard Gomà, porque han respondido al llamamiento que la PAH para apoyar a Matías.
La PAH de Barcelona considera también este desahucio de especial trascencdencia porque la entidad con la que contrajo Matías la deuda fue Caja Madrid, ahora Bankia, que ha sido rescatada con dinero público. Este vecino del barrio de Sant Andreu ha explicado una y mil veces que si dejó de pagar la hipoteca fue porque su negocio se fue al garete como consecuencia de la crisis y que actualmente cobra únicamente 400 euros. Vive con un hijo menor de edad y el impago de su deuda afecta también a su hija, quien figura como avalista en la hipoteca.
En un comunicado, la PAH exige a Bankia que rectifique; a los juzgados “que dejen de hacer el trabajo sucio a las entidades financieras” y pide a los funcionarios y secretarios judiciales que se planteen la objeción de consciencia; y a las administraciones que luchen para que Matías se pueda quedar en el barrio donde vive desde hace 40 años “dejen de limitarse a hacer declaraciones de buenas intenciones y medidas parciales que no atacan el problema de raíz”.
La situación que afronta González comenzó en 2009, cuando tuvo que cerrar el bar que regentaba en el barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Uno de sus socios falleció, el otro enfermó y la crisis fue la puntilla. En el intento de salvar el negocio había avalado varios préstamos con su piso. No pudo afrontar las letras y hace casi dos años Bankia subastó su piso. "Si tengo hipotecado el piso, que me lo quiten", clamaba en octubre del año pasado en vísperas al tercer intento, "pero que no me quiten la vida", clamaba ante la inminencia del desahucio.
Desde hace dos años, Matías González no se ha perdido ni una sola acción de protesta: ha participado en decenas de concentraciones para evitar ejecuciones hipotecarias, de una punta a otra de Barcelona, y es el integrante de la PAH que más firmas ha recogido para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago eche a andar. Después de tres intentos en los que la presión de los vecinos concentrados en la calle ha logrado paralizar el desahucio, este jueves Bankia ha solicitado presencia policial. De ahí que haya más gente concentrada, entre ellos la diputada de ICV Dolors Camats y el concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de Barcelona Ricard Gomà, porque han respondido al llamamiento que la PAH para apoyar a Matías.
La PAH de Barcelona considera también este desahucio de especial trascencdencia porque la entidad con la que contrajo Matías la deuda fue Caja Madrid, ahora Bankia, que ha sido rescatada con dinero público. Este vecino del barrio de Sant Andreu ha explicado una y mil veces que si dejó de pagar la hipoteca fue porque su negocio se fue al garete como consecuencia de la crisis y que actualmente cobra únicamente 400 euros. Vive con un hijo menor de edad y el impago de su deuda afecta también a su hija, quien figura como avalista en la hipoteca.
En un comunicado, la PAH exige a Bankia que rectifique; a los juzgados “que dejen de hacer el trabajo sucio a las entidades financieras” y pide a los funcionarios y secretarios judiciales que se planteen la objeción de consciencia; y a las administraciones que luchen para que Matías se pueda quedar en el barrio donde vive desde hace 40 años “dejen de limitarse a hacer declaraciones de buenas intenciones y medidas parciales que no atacan el problema de raíz”.
La situación que afronta González comenzó en 2009, cuando tuvo que cerrar el bar que regentaba en el barrio del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Uno de sus socios falleció, el otro enfermó y la crisis fue la puntilla. En el intento de salvar el negocio había avalado varios préstamos con su piso. No pudo afrontar las letras y hace casi dos años Bankia subastó su piso. "Si tengo hipotecado el piso, que me lo quiten", clamaba en octubre del año pasado en vísperas al tercer intento, "pero que no me quiten la vida", clamaba ante la inminencia del desahucio.
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